Más de 300 economistas,
incluido Thomas Piketty, piden a los líderes mundiales que se reúnen esta
semana en Londres que
reconozcan que no existe ningún beneficio económico en los paraísos fiscales.
Piden también que el velo de secretismo que los envuelve sea levantado. David Cameron acordó mantener esta reunión
hace cerca de un año, pero la cita peligra porque el foco de atención ha
cambiado después de que el Gobierno británico haya fallado a la hora de
convencer a sus territorios de ultramar de que acaben con el almacenamiento de
dinero secreto.
Las autoridades británicas están
bloqueadas en las negociaciones con las dependencias de la corona y los
territorios de ultramar.
Tratan de convencerles de que, de manera automática, compartan información
sobre el beneficio real de las empresas. Por
el momento, los territorios de ultramar solo se han puesto de acuerdo con
los organismos de control británicos para que tengan acceso a un registro
privado de propiedad efectiva, pero un acuerdo de intercambio automático
ofrecería la posibilidad a muchos más países de acceder a informaciones
relativas a la propiedad de sociedades pantalla. Muchos de los territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, se
resisten a la idea y su participación en la cumbre está en duda.
Además de Piketty, autor
del bestseller El capital en el siglo XXI, participa una impresionante lista de
economistas incluido Angus Deaton,
especialista escocés ganador del Premio
Nobel de Economía en 2015, y Ha-Joon
Chang, respetado economista especialista en desarrollo de la Universidad de
Cambridge. También firman la carta Nora
Lusting, profesora de economía latinoamericana en la Universidad Tulane, así como otros expertos influyentes que
asesoran a los legisladores, como Jeffrey
Sachs, director del Instituto de la
Tierra de la Universidad de Columbia y asesor del secretario general de la ONU
Ban Ki-Moon, y Olivier Blanchard, antiguo economista jefe del FMI.
Los papeles de Panamá muestran "la ilegalidad masiva"
"El Reino Unido y Estados
Unidos tienen que tomar la iniciativa para terminar con el secretismo de los
paraísos fiscales",
confirmó Sachs en el programa Today de la BBC. "A través de los papeles de Panamá
vemos que son simplemente conductos que auspician la ilegalidad masiva, la
corrupción, la evasión fiscal y otros actos infames. Tienen que acabar". "Si el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto
decidieran el jueves en Londres que ya ha sido suficiente... podría producirse
un cambio excepcional en muy poco tiempo". Pero Sachs prevé que los líderes mundiales cederán a la presión de
los ricos y descartarán implementar reformas significativas.
"Creo que los gobiernos no
quieren hacer demasiado realmente porque sus poderosos partidarios, ya sean los
de la City de Londres
o los que están en Wall Street,
están luchando con todas sus fuerzas para mantener esos resquicios abiertos...
Es un sistema que ha sido creado para el provecho de la clase rica y
empoderada", argumenta el especialista. "No hay mejor ejemplo de cómo
los ricos y los poderosos controlan las palancas financieras que los paraísos
fiscales". En total, 47 profesores
de universidades británicas, entre las que se encuentran Oxford y la Escuela de
Economía de Londres, han firmado la carta. El documento sostiene que la
evasión fiscal debilita tanto a las economías desarrolladas como a las que
están en vías de desarrollo, además de producir desigualdad. "Los territorios que permiten ocultar
capitales en empresas pantalla o que favorecen la obtención de beneficios a empresas que no
operan allí, distorsionan el curso global de la economía", aseguran los
economistas firmantes.
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Puerto de Mónaco. / GIPE25.
EVASIÓN FISCAL, UN DELITO DE
RICOS A COSTA DE LOS POBRES.
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Jéróme Duval.
Diagonal.
Rebelión martes 6 de septiembre del
2016.
En los países en vías de desarrollo, al menos 250.000
millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos
fiscales, es decir, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer
el hambre hasta 2025
Cerca de 800 millones de personas pasan hambre en
el mundo, principalmente en los países llamados “en desarrollo”. No obstante,
en estos países, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales
desaparecen cada año en los paraísos fiscales, o sea, seis veces el importe
anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025. “Se ha
calculado que entre el 85% y el 90% de esa riqueza pertenece a menos de 10
millones de personas —apenas el 0,014% de la población mundial—, y una tercera
parte como mínimo pertenece a las 100.000 familias más ricas del mundo, cada
una de las cuales posee un patrimonio neto de 30 millones de dólares como
mínimo”, según elEstudio final sobre los flujos financieros ilícitos de
la ONU.
Son entonces los más adinerados los que se
aprovechan de la reducción de ingresos fiscales por fraude, lo que perpetúa y
empeora las desigualdades. Parece lógico que los más ricos, que se aprovechan
de los beneficios de sus empresas, tendrían que contribuir con una
redistribución a favor de los más pobres a través del impuesto sobre los
beneficios de estas empresas. Sin embargo, la plusvalía generada por la
explotación de la fuerza laboral se evapora en territorios paradisíacos para la
oligarquía que gobierna y legisla.
Se trata de un robo organizado a gran escala
–ilegítimo y no conforme a cualquier idea de desarrollo humano– de una riqueza
que pertenece a aquellos y aquellas que la han creado con su trabajo, y que
debería financiar los servicios públicos. De hecho, el impuesto sobre los
beneficios, así no redistribuido para el bien común porque escapa al fisco,
permite al capitalista optimizar la plusvalía obtenida del trabajo intentando,
ilegalmente o no, privatizar su totalidad.
El fraude obstaculiza el desarrollo.
El fraude y la evasión fiscal, que son practicados
por las multinacionales ayudadas por grandes sociedades de auditoría, sobre
todo (los famosos big four: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young,
KPMG y Price Waterhouse Coopers), son una verdadera calamidad que entorpece el
avance de un desarrollo real para las poblaciones empobrecidas por estas políticas.
Esta hemorragia de capitales impide la
construcción de hospitales y el empleo de médicos con salarios dignos; el
equipamiento de escuelas a la altura del reto acompañado de una contratación de
profesores para reducir el número de alumnos por clase; la implantación de
redes de suministro de agua potable, etc. Para el periodo 2008-2012, Global
Financial Integrity estima que en 31 países en desarrollo las salidas de fondos
ilícitos fueron superiores a los gastos públicos de salud, y que en 35 países en
desarrollo fueron superiores a los gastos públicos de enseñanza.
En su informe Illicit Financial Flows from
Developing Countries: 2004-2013, la misma organización constata que los
países calificados de “en desarrollo” y las economías emergentes perdieron 7,8
billones de dólares en los flujos financieros ilícitos desde 2004 hasta 2013,
con salidas ilícitas cada vez más importantes, aumentando una media de un 6,5%
al año, casi dos veces más rápido que el PIB mundial.
Crecimiento de las desigualdades.
Tantas necesidades evidentes y, sin embargo,
indispensables para el avance de un verdadero desarrollo se abandonan en favor
de una clase oligárquica que no para de enriquecerse. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha indicado que el 8% de la población
mundial más rica recibe la mitad de la totalidad de los ingresos, mientras que
la otra mitad se reparte entre el 92% restante. La riqueza concentrada en manos
del 1% más rico ha ascendido al 48% de la riqueza mundial en 2014 frente al 44%
en 2010. Durante los últimos 20 años, las desigualdades de los ingresos han
aumentado en los países en desarrollo.
El fraude fiscal merece un poco de seriedad, y
sobre todo una justicia que sancione a los culpables. En ello va el desarrollo
de países empobrecidos por el “sistema deuda”. En su informe, el experto
independiente sobre la deuda de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, insiste en la
necesidad de combatir los flujos financieros considerados ilícitos, que
“contribuyen a la acumulación de una deuda insostenible, porque la falta de
ingresos públicos puede forzar a los gobiernos a acudir a los préstamos
exteriores”.
En vez de endeudarse para hacer frente a esta
hemorragia de capitales que constituye el fraude fiscal, dichos flujos ilícitos
privan a los Estados de recursos que podrían financiar actividades
indispensables para la eliminación de la pobreza y para la consecución de
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Al término de este informe, una resolución sobre la
evasión fiscal y la necesidad de devolver los activos malversados a los países
calificados de “en desarrollo” fue adoptada a nivel del Consejo de los Derechos
Humanos de la ONU. El 24 de marzo de 2016,ningún Estado europeo votó a
favor. Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido,
Portugal, Albania, Eslovenia, Letonia, Georgia, la República de Corea, la Ex-República
yugoslava de Macedonia, México y Panamá se abstuvieron.
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Artículo publicado en francés en Politis.fr.
Traducido del francés por Sylia Amrarene y revisado por Fátima Martín.
Jérôme Duval, miembro del Comité para la Abolición
de las Deudas Ilegítimas (CADTM).
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