Ahora debemos esperar que dice, cómo
reacciona la Sociedad Interamericana de Prensa. SIP, es decir,
los dueños de los medios de comunicación en América Latina. Es una periodista
con tremendo poder en la comunicación, que ejerce un liderazgo - no digamos a
favor, pero sí bien posesionada en defensa de los intereses nacionales - además
es un "verdadero poder de la
comunicación" como Profesional, ejerce un crítica muy respetable en el
mundo de la comunicación política. Pero quienes lo despidieron – no es
cualquier emisora, o radio, o periódico – NO, es un poder de la comunicación
empresarial. “MVS Comunicaciones es propietaria de más
de un centenar de estaciones de radio en México, Estados Unidos, Centroamérica
y el Caribe, así como de una productora de televisión, cuatro canales por cable
y una concesión de televisión satelital, y lleva años aspirando a beneficiarse
con las reformas legales y tecnológicas en materia de telecomunicaciones”. Es una mega-corporación empresarial de
la comunicación, su poder es parte de los poderes facticos nacionales y
globales.
Ahora esperamos el "grito"
libertario, la defensa irrestricta de la "libertad de expresión". El Presidente de la SIP, el dueño del
diario, La República en Perú, el Señor
Mohme, y su Colegiado latinoamericano (los dueños de los mass-media), cómo
deben de pronunciarse, si lo hacen con la misma fuerza, energía, y radicalismo
como se pronuncian con respecto a Venezuela,
a Ecuador, Bolivia, Brasil, etc.. Realmente es interesante, este
acontecimiento de comunicación política, que una vez más pone en la "mesa
política" de la comunicación y la libertad de expresión- o libertad de
empresa -veremos en contenido del pronunciamiento - donde está presente, una
vez más – con su desastre político - el
Gobierno de México, las políticas subterráneas de la narco-política, la democracia fallida - democracia de papel,
novelada, mediática, delegativa , procedimental - políticas de estado de la
oscuridad con los crímenes de los estudiantes normalistas, los miles de
desaparecidos, secuestrados, muertos, es decir, un escenario nacional muy turbulento, complejo, violento y una
crisis estructural generalizada de la Política - al igual que en otros países -
la corrupción con sus diversas prácticas, modalidades o formas de actuar a
tomado por asalto a la política. Es hora de escuchar
y leer el pronunciamiento de los "históricos" defensores de la
"libertad de expresión".
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Carmen Arestegui habla con colegas después del
anuncio de su despido del noticiero. Ahora esperemos la solidaridad de la SIP -
los dueños de los medios en América Latina. Muy activos en defensa de la
"libertad de expresión" y feroces críticos de la
"violación" - según ellos - de la libertad de expresión en países como
Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia. ¿Qué dirán ahora los dueños
de la SIP? de esta burda intervención y presión política del gobiernos
mexicano, junto y componenda de un poder empresarial como es "MVS. Radio
Comunicaciones" y el poder y liderazgo de una periodista de la calidad y
prestigio de Carmen Arestegui.
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MÉXICO: ECHAN A UNA CONDUCTORA
DESOBEDIENTE.
Tras presiones del gobierno mexicano,
rescinden el contrato de Carmen Aristegui.
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El
multimedios MVS anunció la rescisión del contrato de Aristegui y despidió a sus
demás colaboradores, alegando que “MVS Radio no acepta el ultimátum de Carmen
Aristegui”. Ella había pedido que reincorporaran a dos colegas echados.
Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, DF Página
/12 martes 17 de marzo del 2015.
Tras un escándalo
mediático que se inició el miércoles pasado, la cadena MVS Radio rescindió el
contrato de la periodista Carmen
Aristegui, cuyo noticiero matutino llevaba varios años con el mayor rating
nacional y cuya independencia editorial y estilo periodístico exaspera al poder
político. La presidencia de México no quiso comentar este caso y declinó la
petición que le hizo el diario estadounidense The Wall Street Journal, mientras que la británica BBC dijo que el
despido de la periodista abre el debate sobre la libertad de expresión en el
país. La revista Forbes calificó el hecho como “malas noticias para México”,
además de no tener ningún sentido desde el punto de vista empresarial.
“Este es un atropello a la libertad de expresión”, consideró la propia Aristegui ayer por la mañana, a las
puertas de la radiodifusora, a la que ya no le fue permitido el ingreso junto
con su equipo de trabajo. En plena acera, la periodista dijo que esto es “un
signo ominoso” para el país de lo que luce como “un vendaval autoritario”. Más
aún, las maniobras del corporativo de medios es algo que “fue planeado con
mucha anticipación, muchos recursos y mucho poder”, declaró Aristegui, en lo que ha sido hasta
ahora la única reacción, más allá de anunciar que ella y su equipo “daremos la batalla”.
MVS Comunicaciones es propietaria de más
de un centenar de estaciones de radio en México, Estados Unidos, Centroamérica
y el Caribe, así como de una productora de televisión, cuatro canales por cable
y una concesión de televisión satelital, y lleva años aspirando a beneficiarse
con las reformas legales y tecnológicas en materia de telecomunicaciones. De
hecho, hace cuatro años, en febrero de 2011, MVS despidió a Aristegui
pretextando una violación de un código de ética que no era público, luego de
reportar los señalamientos en el Congreso sobre el supuesto alcoholismo del
entonces presidente, el derechista Felipe
Calderón.
Aristegui denunció
entonces que su despido obedecía a las presiones de la presidencia contra MVS y
obtuvo la atención mundial de caso. Poco después fue reinstalada, a condición
de que la división de Noticias MVS debería contar con un defensor de la
audiencia. Este corresponsal de Página/12
en México diseñó tal oficina y fue el primer ombudsman de MVS.
Año y medio después, el
presidente de MVS reconoció públicamente que había entregado la cabeza de Aristegui a la presidencia a cambio de
obtener un multimillonario negocio en la banda de los 2,5 gHz. Cuando la
administración del panista Calderón no le cumplió, Joaquín Vargas expuso las presiones recibidas para deshacerse de
Aristegui.
La semana pasada, MVS inició una campaña pagando
solicitadas a página entera en varios periódicos de la capital del país en las
que acusó de un supuesto “abuso de confianza” y del “uso ilegítimo de
recursos”, luego de que el martes Aristegui
–que ganó muchísima influencia y poder– anunciara la incorporación de la
Primera emisión de noticias MVS, el noticiero que dirigía y conducía, junto con
su propio portal informativo, Aristegui
Noticias, a la plataforma MéxicoLeaks, una alianza de varios medios para
dar salida a denuncias y filtraciones ciudadanas. MVS se deslindó de ese
ejercicio periodístico y durante tres días pagó espacios en los periódicos para
atacar el “uso de su marca”. El
viernes, la empresa despidió a dos
reporteros claves en las investigaciones periodísticas y luego emitió una serie
de lineamientos editoriales, laborales y profesionales a los que pretendía
someter a Aristegui, los que fueron
calificados como “insostenibles” por el actual defensor de la audiencia, Sosa
Plata.
El viernes por la
mañana, Aristegui condicionó la
posibilidad de un arreglo con la empresa a la reincorporación de sus
colaboradores. No hizo falta más. El domingo por la noche, MVS anunció la recisión del contrato de Aristegui y despidió a sus
demás colaboradores, alegando que “MVS
Radio no acepta el ultimátum de Carmen Aristegui”. El noticiero matutino de
ayer lunes fue conducido por lector de noticias de fin de semana.
El despido de Aristegui ocurre cuatro meses después
de la publicación del reportaje sobre una mansión de siete millones de dólares que disfruta la esposa del presidente
Enrique Peña Nieto, pero cuya propiedad es del principal contratista de Peña
Nieto cuando fue gobernador del Estado de México y al que ahora se le asignan
obras desde la presidencia de la república. Los autores de este reportaje, los
periodistas Daniel Lizárraga e Irving
Huerta, fueron echados de Noticias MVS el viernes a primera hora.
Integrantes de la unidad de investigaciones especiales en el equipo de
Aristegui, ambos reporteros tenían en curso otros reportajes sobre una
propiedad del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, y la masacre cometida por el ejército en Tlatlaya, en la que alrededor de cincuenta presuntos delincuentes sufrieron
una ejecución sumaria.
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