lunes, 30 de septiembre de 2013

COLOMBIA. EL RETORNO TRIUNFAL DEL CAMPESINADO. TAREAS DEL MOVIMIENTO POPULAR.

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EL PARO AGRARIO Y LAS TAREAS DEL MOVIMIENTO POPULAR.- ALAI. COLOMBIA.- El gobierno nacional consiguió bajarle presión a la caldera de la movilización social. Lo ha hecho mediante la amenaza de involucrar al ejército en el despeje de carreteras, obligando a la dirigencia de las Dignidades papera y lechera a levantar los bloqueos pero manteniendo la movilización campesina al borde de las carreteras. Tal amenaza la hizo aprovechando los desmanes y actos delincuenciales protagonizados por jóvenes pagados por las Bacrim, como lo ha denunciado la Alcaldía de Bogotá a través de sus funcionarios. Confundir –artificialmente– a “vándalos” con manifestantes, ha sido una estrategia utilizada por regímenes fascistas en momentos de agitación social y política.  Sin embargo, el gobierno de Santos se niega tozudamente a revisar los Tratados de Libre Comercio en la mesa de negociaciones de Tunja. Igualmente se opone a entablar un diálogo institucional con la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, que lidera masivas movilizaciones campesinas en Putumayo, Caquetá, Tolima, Cauca, Nariño, Santander, Meta, Valle, Antioquia, Casanare y Arauca. La táctica del gobierno ha sido aprovechar la falta de centralización del movimiento – que es su gran debilidad – para montar negociaciones sectoriales y regionales. Así, logró dividir el movimiento de las “dignidades”, negociando sólo con papicultores y productores de leche de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, desconociendo a los caficultores, cacaoteros y otros sectores productivos. Aunque la dirigencia papera y lechera reunida en Tunja no ha levantado el paro, al suspender los bloqueos de carreteras (para evitar una masacre en las vías, han dicho), le permiten al gobierno respirar, retomar la iniciativa política para debilitar el movimiento y tratar de derrotarlo plenamente.

Es así como el gobierno convocó a las carreras a los partidos políticos de la Unidad Nacional, a gremios empresariales, a gobernadores y alcaldes de ciudades capitales para informar sobre la aprobación de un “pacto nacional por el sector agropecuario y el desarrollo rural” que fue también anunciado con bombos y platillos en Medellín frente al congreso nacional de diputados de asambleas departamentales. En la reunión con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales diseñaron la estrategia de contención y derrota del paro, obteniendo de esas autoridades regionales y locales su “respaldo a la defensa de las instituciones”, supuestamente amenazadas por la protesta social. Hoy, la ofensiva apunta a desmovilizar las concentraciones campesinas periféricas. La dirigencia popular ya puede ir sacando conclusiones de lo que viene sucediendo. Hay que tratar de ayudar para que el movimiento agrario salga bien librado de esta batalla pero desde ya debemos prepararnos para jornadas mucho más contundentes para poder derrotar las políticas neoliberales a las cuales se aferra el régimen con patas y manos. Que el gobierno recurra a la represión desembozada, a la amenaza, a la mentira, al saboteo y a todas las artimañas para desgastar la protesta campesina y sostener su intransigencia frente a puntos que considera “línea roja” o puntos inamovibles como la revisión o renegociación de los TLCs., significa que el pueblo colombiano debe repensar sus estrategias de lucha y unificarse mucho más fuertemente para enfrentar al régimen.


Ésta experiencia de lucha nos deja – hasta ahora – importantes lecciones. Lo más positivo, hacer visible entre el conjunto del pueblo colombiano los efectos nocivos de los Tratados de Libre Comercio y las consecuencias dañinas sobre la economía agraria. También ha generado una creciente solidaridad entre la población de las ciudades y desnudado la nefasta política agropecuaria del gobierno. Pero la más importante lección es la certeza de que el gobierno no está en capacidad de negociar políticas estructurales que vayan en contravía al paquete neoliberal como la renegociación de los TLCs y mucho menos su derogatoria. Que en ese aspecto la oligarquía está unificada. Uribe dijo: “Mucho ojo con cerrar la economía”. Dicha política neoliberal se ha impuesto en Colombia desde el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-78) y se profundizó durante el gobierno de César Gaviria con su “apertura económica” (1990-94). Es por esa situación que el gobierno se limita a presentar en la mesa de negociaciones unas soluciones mínimas sobre aranceles y control de precios de fertilizantes que no satisfacen a los campesinos movilizados ni se corresponden con el impacto que los TLCs han traído sobre la economía de cientos de miles de productores de todo el país. Si frente a un paro nacional agrario que ha comprometido a importantes fuerzas sociales rurales de gran parte del territorio nacional, el gobierno asume una estrategia de negar su impacto, minimizar su fuerza, señalarlo de estar infiltrado, reprimirlo con medidas de guerra, dividirlo y desgastarlo negociando por sectores y regiones, y no cede en aspectos esenciales para proteger la producción nacional, es porque definitivamente los intereses que resguarda están por encima de los intereses del pueblo colombiano.

La dirigencia del movimiento popular debe entonces reflexionar a fondo sobre este aspecto. Se requiere con urgencia construir una fuerza de tal tamaño que se coloque como meta inmediata no ya la negociación con un régimen político que demuestra su desprecio por los problemas del pueblo sino su derrocamiento, a través de la movilización social. Allí es donde debemos llegar. Hay quienes temen afrontar esta discusión. Alaban a los pueblos vecinos que han elegido gobernantes demócratas y progresistas como en Ecuador y Bolivia, pero ocultan que dichas elecciones y la aprobación de sus avanzadas Constituciones Políticas sólo fue posible después de grandes explosiones populares que derrocaron a varios presidentes casados con la agenda neoliberal. En Colombia hemos llegado a esa situación. No va a ser con paros y movilizaciones sectoriales como vamos a derrotar el modelo neoliberal. La tarea central del momento es construir una agenda o plataforma de lucha que unifique a las mayorías nacionales y preparar las fuerzas para un gran Paro Nacional Popular contra el modelo neoliberal y la entrega de nuestras riquezas a las transnacionales extranjeras. Hemos entrado en la fase en donde la soberanía nacional se ha llenado de reivindicaciones populares. El movimiento popular colombiano está en la obligación de presentar ante los colombianos una propuesta que obligue a los partidos políticos y gremios productivos a definir su posición. Es el momento de las definiciones: o se está con la “institucionalidad” neoliberal y oligárquica o luchamos por un régimen realmente democrático que esté al servicio de las mayorías.  Popayán, 2 de septiembre de 2013. Fernando Dorado.
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COLOMBIA. EL RETORNO TRIUNFAL DEL CAMPESINADO.

"TAREAS DEL MOVIMIENTO POPULAR".

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ALAI. América Latina en Movimiento. Sábado 23 de septiembre del 2013.
Raúl Zibechi.
Cinco décadas de guerra empeoraron las cosas. Los terratenientes acaparan cada vez más tierras, expulsando y expropiando por la fuerza a los campesinos. El paro agrario que comenzó en agosto fue el Ya Basta de un sector que no aguanta más.

“Estamos ante los dolores de parto de una nueva criatura que lleva gestándose 50 años”, escribe Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y uno de los más lúcidos y comprometidos periodistas de Colombia (1). Sostiene que lo que está sucediendo, las masivas movilizaciones en el campo y las ciudades, “no es otra cosa que las demandas represadas, y reprimidas a balazos, durante muchos años”.

Desde el 19 de agosto el paro agrario nacional que movilizó a miles de campesinos en todo el país confluyó con las demandas de camioneros, cafeteros, pequeños y medianos mineros y de un amplio conjunto de productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos que han sostenido con mucho esfuerzo.
Lo nuevo no es sólo la confluencia de demandas y protestas sino también la articulación de actores a través de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA). Sectores que habitualmente no tienen vínculos ni relaciones fluidas, fueron capaces de acordar demandas y establecer jornadas de protesta comunes.

La respuesta inicial del gobierno de Juan Manuel Santos fue la represión. Un comunicado de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular destaca que en los últimos meses la represión causó doce muertos, cuatro desaparecidos, 660 casos de violaciones de derechos humanos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos y 21 por armas de fuego, 52 casos de amenazas y hostigamiento a dirigentes sociales y 51 ataques indiscriminados a la población (2).

La persistencia de la movilización a lo largo de casi cuatro semanas y la inutilidad de la represión para detenerla, convencieron al presidente de la necesidad de negociar un “Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural” puesto en escena el 12 de setiembre que no incluyó a todos los protagonistas. Antes de dar ese paso, Santos se vio forzado a reestructurar su gabinete, lo que revela la profundidad del impacto que tuvieron las movilizaciones sociales, las mayores que conoció Colombia en varias décadas.

Todos contra el TLC.

El periodista viajaba en autobús por la carretera que lleva de Cali hasta Popayán, una inmensa llanura saturada de cultivos de caña. En cierto momento, cuando transitaban por la zona de lomas donde despuntan cultivos campesinos, el bus frena en seco. La descripción de Molano no tiene desperdicio: “Miré por la ventanilla y vi que de las lomas que dan al occidente bajaban saltando cercas cientos de campesinos negros. Gritaban y agitaban largos garrotes”.

Del otro lado de la carretera la escena era similar: “No había salido de mi asombro, cuando vi que del lado opuesto llegaban otros tantos indígenas con la misma actitud, aunque un poco menos nerviosos, seguramente por la práctica que tienen de tomarse la carretera Panamericana. Mezcladas las corrientes, atravesaron los vehículos, les desinflaron las llantas y nos ordenaron a todos los nerviosos y obedientes pasajeros que nos bajáramos porque ´la joda va para largo´” (3).

La descripción desvela lo impensable. Los negros vienen de regiones mineras “donde se explota el oro con batea desde hace cuatro siglos”, donde unos años atrás les construyeron una hidroeléctrica que les quitó tierras y minas. “Ahora, las retroexcavadoras explotan lechos de quebradas y los paramilitares vuelven a rondar sembrando el terror para que las comunidades terminen por aceptar la entrada de las grandes mineras”.

Los indígenas nasa se volcaron a la carretera en demanda de tierras para sus resguardos (territorios autónomos), por precios para sus productos, exigen créditos y desmontar los monopolios agrícolas, caminos para sacar sus cosechas, la desmilitarización de las regiones y por “libertad de comercio para sus semillas ancestrales”, algo que hoy está penado con cárcel gracias al TLC.

Lo más notable del relato es la mezcla de corrientes, del movimiento indio con el afro, algo que raras veces ha sucedido en este continente, pero que tiene un precedente en esas mismas tierras: en octubre de 2008 la Minga por la Vida (marcha de 20 mil nasa del Cali a Bogotá) coincidió con la huelga de doce mil cortadores de caña, casi todos afro-descendientes. Ahora esa confluencia se multiplicó.

César Pachón, vocero de cultivadores de papa y cebolla de Boyacá, departamento cercano a Bogotá, explica los motivos que los llevaron al paro el 19 de agosto. “Participamos en el paro papero del 7 de mayo. También habíamos hecho uno con los cebolleros, el 16 de noviembre de 2011. Desistimos de los paros anteriores por promesas del gobierno que nunca cumplió. Ahora vamos a resistir” (4)

Pachón representa a Dignidad papera y Dignidad cebollera de Boyacá. Se trata de 110 mil familias que dependen de cultivos de papa y unas 17 mil de la cebolla. Cuando le preguntan por las causas del paro, no duda: “Los efectos desastrosos de los tratados de libre comercio que aprobaron los dos últimos gobiernos, los altos precios de los insumos que encarecen la producción, la ausencia de una política agropecuaria que proteja a los pequeños y medianos cultivadores frente a la libertad absoluta de importaciones”.

En detalle, explica la ruina de los pequeños productores: “Producir una carga de 100 kilos de papa cuesta 70 a 75 mil pesos. La vendemos a 25 mil. La producción de una carga de cebolla está en 65 mil pesos y se vende a 10 mil. Desde que empezó la política de apertura económica nos ha tocado salir de lo que habíamos conseguido durante toda una vida. Yo vendí la casa y la finca de mi familia y ahora lo único que me queda es un carro ¿Cómo voy a pagar las deudas y comprar los insumos para los cultivos? Y esto que me pasa a mí, nos pasa a todos”.

Luis Gonzaga Cadavid, de Dignidad cafetera del departamento de Caldas, explica que las 36 mil familias cafeteras de la región “están inconformes con las políticas del gobierno y de la Federación Nacional de Cafeteros”, tanto por los precios como por “la manera antidemocrática como se toman las decisiones en el sector”. En febrero iniciaron un paro porque el precio del café cayó más de la mitad.

Tienen cuatro demandas: control de precios e insumos que son monopolizados por cuatro multinacionales; control a la explotación minera en zonas cafeteras ya que la entrega de títulos mineros amenaza su existencia; democratizar la Federación; y flexibilizar el pago de las deudas con la banca.

La confluencia de actores es asombrosa. Cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, cebolleros, frijoleros, productores de cereales y leguminosas, paneleros (fabricantes de azúcar), citricultores, floricultores y cerealeros. Pequeños y medianos productores no representados por las grandes federaciones patronales y agrupados ahora bajo el paraguas de Dignidad Agropecuaria Nacional. 


Torcer el rumbo.

A ese enorme universo deben sumarse los camioneros y los mineros. El paro minero se había iniciado el 17 de julio con un pliego de nueve condiciones entre las que destacan “el reconocimiento oficial de la minería artesanal pequeña y mediana”, que se defina un nuevo código de minas, el cese de los operativos policiales y militares, el respeto a las comunidades afro e indígenas y congelar la entrega de títulos a las multinacionales mineras.

Después de 48 días de paro y protestas de 58 mil mineros de 18 departamentos, el gobierno y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) llegaron a un acuerdo que entre otros puntos reconoce “zonas de trabajo para los pequeños y medianos mineros” que se formalizarán a través de una ley que en los hechos les permite “mantener el derecho al trabajo” (5).

Los camioneros paralizaron unos 250 mil vehículos desde el 19 de agosto para que se respete una tabla de fletes que los propietarios de mercancías pagan por debajo de lo estipulado. Las movilizaciones fueron apoyadas por la Central Única de Trabajadores (CUT), Coordinación Nacional Agraria (CNA), Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Alianza por el Derecho a la Salud (ANSA), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y Asociación de Trabajadores Hospitalarios, entre otros (6).

Convocaron un “cacerolazo nacional” en apoyo a los sectores en conflicto y jornadas de protesta para el 11 y 12 de setiembre cuando se realizó la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. En realidad los movimientos comenzaron en febrero con la protesta de 130 mil caficultores, que fue un serio aviso no tenido en cuenta por el gobierno. En junio la protesta de miles de campesinos incendió el Catatumbo (Norte de Santander), zona fronteriza con Venezuela donde rechazan la “erradicación no concertada de cultivos de coca” (7).

En agosto se produjo la confluencia de todos los sectores que venían elevando sus quejas y demandas sin obtener respuestas. Presionado, el gobierno decidió negociar por separado con cada sector, hizo concesiones, firmó acuerdos y consiguió que se despejaran las rutas del país. No será fácil que cumpla, como lo saben los caficultores que vieron sus acuerdos incumplidos desde marzo pasado.

Héctor Mondragón, economista y asesor de movimientos campesinos e indígenas, establece cinco razones para comprender la crisis que azota a la economía agropecuaria y que está en la base de la actual oleada de protestas. La primera es el TLC con Estados Unidos que permite la importación de productos agrícolas subsidiados, establece normas de propiedad intelectual injustas que “atacan el derecho del agricultor productor a reproducir sus semillas” (8).

En Colombia y en el mundo está circulando un documental titulado “9.70”, de la realizadora Victoria Solano, donde analiza la resolución 970 aprobada en la firma del TLC en el que se impide a los campesinos reservar parte de su cosecha para la próxima siembra. En base a esa resolución en el municipio arrocero Campoalegre, departamento de Huila, se incautaron y destruyeron toneladas de arroz (9).

El segundo problema para Mondragón es “la destrucción de la institucionalidad agropecuaria” ya que Colombia necesita “una poderosa institución de crédito agropecuario” de carácter estatal para planificar el mercado agropecuario, garantizar precios mínimos y evitar que los campesinos se endeuden pagando altos intereses.

Por último destaca el acaparamiento de la tierra. “Más de 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura están desperdiciadas en manos de grandes propietarios, ocasionando que Colombia tenga los precios más altos de la tierra e toda América Latina”, señala Mondragón. Más grave aún es que la guerra provocó “un acelerado proceso de despojo o traspaso de tierras ya cultivadas por los campesinos”.



Los derechos del campesinado.

Desde 1990 en que se produjo la apertura económica, la producción de maíz cayó de 700 mil a 200 mil hectáreas; el trigo de 60 a sólo cinco mil; el arroz de riego de 330 mil a 140 mil hectáreas; desde 2010 la papa cayó de 150 a 90 mil hectáreas y el frijol se redujo a la mitad (10). Nadie puede dudar de la profunda crisis que afecta a las familias campesinas.

Sin embargo, el nudo del problema agraria está en otro lugar. El pliego de demandas del paro campesino, sector que representa el 32% de la población del país, señala en su punto tercero: “Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina, de afro-descendientes e indígenas”. Exigen, por tanto, “la delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)” (11).

Las ZRC fueron creadas en 1994 a través de la ley 160 que promueve “la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, la eliminación de su concentración y el acaparamiento de tierras baldías, así como fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la descomposición de la economía campesina del colono” (12). En suma, la ley buscaba defender al campesino frente a la voracidad de los terratenientes.

Hasta el momento se han creado seis ZRC, en zonas que se encuentran “en los límites de la frontera agropecuaria, en regiones altamente afectadas por la dinámica de la confrontación armada y ausentes de la presencia estatal” (13). La mayoría fue solicitada de forma directa por procesos de organización campesina, como alternativa a la dinámica de violencia. Desde la llegada de Álvaro Uribe al gobierno, en 2002, la creación de esas zonas fue bloqueada.

Aunque la legalidad juega a favor de los campesinos, las ZRC son “vilipendiadas por los militares, terratenientes y gamonales”, como señala Alfredo Molano. Es, entonces, un problema político, de poder, de relación de fuerzas. Por eso la Declaración Política de la Cumbre nacional, Agraria, Campesina y Popular reunida el 12 de setiembre en la Universidad Nacional en Bogotá, señala: “Luchamos por el reconocimiento político del campesinado” (14).

Se trata de inversión social en la población rural y, en paralelo, de garantías reales para el ejercicio de sus derechos políticos. Un reciente estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), uno de los más prestigiosos centros de estudios del país, coincide en que el Estado tiene una “deuda histórica” con los campesinos y que “ha fracasado en asegurar un satisfactorio reconocimiento político del campesinado” (15).

Es el sector que ha sufrido los más altos niveles de victimización y violación de los derechos humanos en las cinco décadas de guerra.

El CINEP incluye entre los campesinos a pueblos indígenas, comunidades negras, mujeres y jóvenes rurales quienes padecen “desvalorización y déficit en la representación política antigua y estructural.”

A ellos se suman las víctimas del conflicto armado, los desplazados, y los nuevos afectados por el TLC, pequeños y medianos propietarios. Un reciente informe de Human Rights Watch señala que el conflicto armado “ha forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares”, siendo el país con más desplazados del mundo, que se han visto forzados a abandonar seis millones de hectáreas que fueron usurpadas por terratenientes (16).

Con estas tremendas asimetrías de poder y representación en el Estado, se cerró el primer capítulo de lo que podemos llamar como el retorno triunfal del campesinado. El 12 de setiembre miles de delegados asistieron a la Cumbre Agraria. El mismo día el gobierno convocó el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, dominada por la presencia de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC) que propone la agricultura a gran escala y está muy lejos de las necesidades campesinas.

La mayoría de los grupos campesinos no asistieron o se retiraron de la reunión, entre otras cosas porque, como dijo un papicultor de Boyacá, el gobierno insiste en no modificar el TLC. Mientras el gobierno cosechó algunos éxitos a corto plazo, al negociar por separado con los diversos sectores y desactivar así la protesta, los campesinos pueden considerarse los grandes vencedores de este pulso.

Colocaron sus demandas en lugar destacado de la agenda política y gestaron la primera crisis de gobierno en décadas. Buena parte de la población entendió que está en juego la soberanía alimentaria y que el TLC la vulnera. Establecieron una potente confluencia entre los principales actores rurales, movilizándose de forma pacífica, sin crear un aparato que los hegemonice desde arriba. Su voz estará en las negociaciones de La Habana aunque ellos no formen parte de la cita.
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Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)
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NOTAS.-
[1] “La papa caliente”, El Espectador, 31 de agosto de 2013.
[2] “Declaración Política Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular”, 13 de setiembre de 2013 en www.nasaacin.org
[3] “La joda va para largo”, El Espectador, 24 de agosto de 2013.
[4] El Espectador, 24 de agosto de 2013.
[5] El Colombiano, Medellín, 3 de setiembre de 2013.
[6] Colombia Informa, 3 de setiembre de 2013.
[7] Semana, 22 de junio de 2013.
[8] Héctor Mondragón, “La gran oportunidad del agro”, Caja de Herramientas, Bogotá, 5 de setiembre de 2013.
[9] El video se puede ver en youtube bajo el título “9.70”.
[10] Le Monde Diplomatique edición Colombia, setiembre 2013.
[11] IPS, Bogotá, 29 de agosto de 2013.
[12] “Zonas de Reserva Campesina”, ILSA-INCODER; Bogotá, 2012.
[13] Idem p. 27.
[14] Cumbre Nacional, Agraria, Campesina y Popular, Bogotá, 12 de setiembre de 2013, en www.nasaacin.org
[15] CINEP, “Luchas sociales, derechos humanos y representación política del campesinado 1988-2012”, Bogotá, agosto 2013, p. 7.
[16] Guillermo Rico Reyes, “Colombia, el país con más desplazados del mundo”, Desdeabajo, 18 de setiembre de 2012.


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domingo, 29 de septiembre de 2013

LOS FUNERALES DE PABLO NERUDA. Entrevista al escritor Luis Sepúlveda.

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PABLO NERUDA.- (Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; Parral, Chile, 1904-Santiago de Chile, 1973) Poeta chileno. Comenzó muy pronto a escribir poesía, y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizó en 1946. Su madre murió sólo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Allí también comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los dieciséis años se trasladó a Santiago, donde publicó sus primeros poemas en la revista Claridad.  Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó fama internacional con Veinte poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del hombre infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro.  Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender, en 1926, la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, entre 1934 y 1938, en España, donde se relacionó con García Lorca, Aleixandre, Gerardo Diego y otros componentes de la llamada Generación del 27, y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una «poesía sin pureza» y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social.


En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la guerra civil y escribió España en el corazón. Progresivamente sus poemas experimentaron una transición hacia formas herméticas y un tono más sombrío al percibir el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana.  De regreso en Chile, en 1939 Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política que culminó con la exaltación de los mitos americanos de su Canto general. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. De allí pasó a México, y más tarde viajó por la URSS, China y los países de Europa Oriental. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos y recibió el Premio Lenin de la Paz, volvió a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono general de serenidad.  Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. El año anterior Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. De publicación póstuma es la autobiografía Confieso que he vivido.
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LOS FUNERALES DE PABLO NERUDA. Entrevista al escritor Luis Sepúlveda.
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Mario Casasús.

Proceso. Rebelión. Domingo 29 de septiembre del 2013.

Este 23 de septiembre se cumplen 40 años de la muerte (¿asesinato?) del Poeta de América Pablo Neruda. El episodio ha sido abordado por el documental, el cine, la radio, los libros… Ahora el chileno Luis Sepúlveda y el italiano Renzo Sicco acaban de estrenar la obra de teatro El funeral de Neruda, de la cual habla el primero en entrevista. En nota aparte, el escritor Rafael Vargas Escalante sintetiza, de su libro inédito sobre las relaciones de Neruda con México, el deseo del poeta de vivir en nuestro país.

El peregrinaje de los huesos del poeta Pablo Neruda inició el 7 de mayo de 1974, cuando trasladaron el féretro al nicho 44 de la calle México, en el Cementerio general de Santiago; sus restos permanecieron inmóviles en la capital chilena hasta el 12 de diciembre de 1992. Sin embargo el día del funeral oficial regresó la represión como aquella tarde del 25 de septiembre de 1973, según recuerda la bibliotecóloga María Eugenia Velasco Martner, hija de Francisco Velasco y María Martner, los mejores amigos de Neruda en Valparaíso: “Yo estaba arriba de Isla Negra -junto a mis padres y Teruca Hamel muy emocionados con la ceremonia de la entrada de los restos-, cuando veo que dan la orden de reprimir y los carabineros bajaron por la calle que da a la playa, montados a caballo, vi a la gente arrancando por las rocas y algunas banderas tiradas en la arena. Fue un espectáculo indignante”.

Cuarenta años después, la tumba del poeta está vacía, los huesos descansan en la morgue del Servicio Médico Legal y un par de muestras óseas se encuentran en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Murcia para intentar esclarecer, desde sus laboratorios de toxicología, el presunto asesinato de la noche del 23 de septiembre de 1973, denunciado por Proceso hace un par de años. El tercer funeral será el definitivo, un desagravio a las dos ceremonias reprimidas por el Estado en 1973 y 1992.

Dos documentales registraron el primer funeral: Santiago. Ciudad violada (Suecia, 1973) de Jan Sandquist, y Septiembre chileno (Francia, 1973) de Bruno Muel. Se cuenta también con otros registros, pero en formato de televisión, y existen fotografías imprescindibles de la venezolana Fina Torres, del chileno Marcelo Montecino y del brasileño Evandro Teixeira, haciendo hincapié en los detalles gráficos del rostro de Neruda en el ataúd, que desmienten la caquexia (desnutrición extrema) que certificaron como causa de muerte, y muestran el peso de 100 kilos del poeta al momento de morir, por lo cual el presunto asesinato recobra fuerza.

Dos libros registraron el primer funeral: Neruda: entierro y testamento (España, 1973), escrito por Álvaro Sarmiento (con fotografías de Fina Torres), y Funeral vigilado , escrito por Sergio Villegas, que en realidad es un fragmento del libro: El Estadio. 11 de septiembre en el país del edén (Argentina, 1974).

A 40 años del suceso llega una nueva obra de teatro, escrita por el dramaturgo y novelista chileno Luis Sepúlveda y el italiano Renzo Sicco. En entrevista con Proceso, el primero cuenta los avatares tras bastidores de la pieza titulada: El funeral de Neruda .
- Luis, ingresaste a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y militaste en las Juventudes Comunistas por influjo de la poesía de Neruda. ¿Recuerdas las dos decisiones fundacionales en tu vida al escribir la obra de teatro El funeral de Neruda?

-Cuando junto a Renzo Sicco nos sentamos a tirar línea sobre la que sería más tarde la obra, más que nada pensamos en los materiales de que disponíamos: el testimonio del chofer de Neruda, el talento de Renzo a la hora de convertir en teatro textos escritos para ser leídos como partes de un libro, y lo que los dos teníamos de información reunida sobre el tema. Renzo y su Assemblea de Teatro ha dramatizado muchos de mis libros o parte de ellos, y los resultados han sido siempre muy buenos. Ya es casi un ritual que cada vez que presento un nuevo libro en Italia, empiece por hacerlo en Turín, y que Renzo lleva a las tablas una parte del libro. Nos une una amistad de muchos años y eso facilita mucho cualquier trabajo que emprendemos.

-¿Cómo describirías el proceso creativo junto a Renzo Sicco? ¿De quién fue la idea de escribir El funeral de Neruda?

-Con Renzo Sicco coincidimos en muchos aspectos, de una parte está mi formación teatral y de otra su larga experiencia dirigiendo y adaptando textos literarios para el teatro. La idea ya existía, Renzo había dramatizado un texto mío sobre la muerte de Neruda, y ese fue el punto de partida. No sé si se puede hablar de un proceso creativo, porque los dos tenemos experiencia, y esa experiencia nos permite decidir en qué parte de la obra hay naturalismo, en qué otra parte es aconsejable el teatro experimental, pasar de Stanislawski a Grotowski, o a Brecht y el distanciamiento, o usar elementos de la comedia del arte. Ambos tenemos conocimientos y los ponemos al servicio de la obra que queremos lograr.

-¿Cuándo viste por primera vez los documentales europeos que filmaron el funeral de Neruda?

-Empecé a ver material documental en Europa, a partir de 1980, Los vi con emoción, desde luego. También conocí los primeros años de la Resistencia en Chile, los primeros esfuerzos organizativos y de juntar todo el material que se lograba salvar para mantener un archivo de la memoria histórica del país.

-¿Conocían la adaptación al teatro de “Funeral vigilado. La despedida a Pablo Neruda” (1974) escrita por Sergio Villegas?

-No, ignoro si Renzo la conocía. Alguna vez, en los años 80 vi una obra que montó el Berliner Ensemble, el teatro de Brecht en Berlín oriental.

-¿Qué tipo de comentarios recibieron durante la primera puesta en escena de El funeral de Neruda?

-Tanto en Chile como en todos los países donde se ha mostrado la obra la respuesta ha sido emotiva, entusiasta, y ha generado debate, así que con eso nos damos por satisfechos.

-¿Reeditarán El funeral de Neruda en el resto de Latinoamérica?

-Si alguien lo quiere editar, pues muy bien, con tal que no sea la Fundación Pablo Neruda. Hay varios grupos de teatro latinoamericanos que han puesto en escena la obra y nos parece muy bien la multiplicación del esfuerzo.

-¿Cómo registraron la muerte de Neruda en la obra de teatro?

-Evitamos el momento preciso de la muerte porque el acto de nacer y el acto de morir son las dos ceremonias más íntimas de los seres humanos, y además no queríamos hacer elucubraciones sobre la agonía, eso habría sido una morbosidad injustificable.

-¿Qué piensas ante la posibilidad del asesinato denunciado por Manuel Araya en el semanario Proceso?

-Como se dice en la primera adaptación de un texto mío adaptado por Renzo, hay muchas maneras de matar a un poeta. Una de ellas es la denegación de asistencia médica oportuna, otra es la de condenarlo a ser testigo cercano de la muerte de tantos compañeros a los que Neruda quiso, obligarlo a saber de la persecución y muerte de la gente humilde y de los jóvenes a quienes Neruda siempre se entregó de corazón. Y está también la posibilidad del asesinato alevoso. Las declaraciones de Manuel Araya y lo que de a poco hemos ido conociendo, como que Pinochet poseía agentes neurotóxicos capaces de matar a toda la población de Santiago, hacen muy verosímil la idea del asesinato.

-¿Leíste las noticias sobre la exhumación de Neruda?, ¿se debe desenterrar el pasado?

-Me he mantenido informado sobre todo lo que ha ocurrido con la exhumación y ahora, como muchos, espero los resultados definitivos que entregarán los forenses y los patólogos. El pasado está ahí, es muy reciente, no está enterrado. Quisieron enterrarlo pero no lo lograron.

-¿Qué opinas del papel de la Fundación Neruda al invertir el copyright del poeta en la empresa de un asesor de Pinochet y ante su negativa para cumplir la última voluntad de Neruda?

-No comparto nada de lo que ha hecho y hace la Fundación Pablo Neruda. Me parece indigno que hayan violentado el testamento y la voluntad de Neruda. Tuve una conversación muy dura con el presidente la Fundación Neruda cuando Bush visitó Chile y su esposa pidió visitar una de las casas del poeta. Mi opinión era que simplemente le dijera que no, y sin mayor discusión, pero según él había extrañas razones de Estado que me parecieron absurdas.

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*Corresponsal en México del Clarín de Chile . Entrevista publicada originalmente en el semanario Proceso.(22/09/2013).

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