sábado, 29 de junio de 2013

EL PRECIO DEL PROGRESO. CAMBIOS RADICALES PIDE LA JUVENTUD EN BRASIL.

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Desde que asumió Rousseff se ha producido una desaceleración o incluso un estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no hay vacío, el espacio que ellas fueron dejando comenzó a ser aprovechado por la primera y más antigua narrativa, que ganó vigor bajo el nuevo ropaje del desarrollo capitalista a toda costa y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes obras de infraestructura y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de una vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obsesionadas por su deseo. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de corresponderse con las expectativas de quienes se sentían merecedores de más y mejores condiciones. La calidad de la vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional que absorbieron las inversiones que debían mejorar el transporte, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentaron los asesinatos de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al desarrollo”, sólo porque luchan por sus tierras y sus modos de vivir contra los agronegocios y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la represa de Belo Monte, destinada a proporcionar energía barata a la industria extractiva).
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EL PRECIO DEL PROGRESO.
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Boaventura de Sousa Santos *

Página /12  sábado 22 de junio del 2013.

Con la elección de Dilma Rousseff como presidenta, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de antes, pero tuvieron un nuevo impulso: la conferencia de la ONU sobre medioambiente, Río+20 (2012), el campeonato mundial de fútbol en 2014, los Juegos Olímpicos en 2016, la lucha por un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes” (Brics: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la nominación de José Graziano da Silva para director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2012, y la de Roberto Azevedo para director general de la Organización Mundial de Comercio, en 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, especialmente en Mozambique, el impulso de la gran agroindustria, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y ganado.
Beneficiado por una buena imagen pública internacional, ganada por el presidente Lula da Silva y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impuso al mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. Por eso, no podía ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en los últimos días llevaron a las calles a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país. Mientras que frente a las recientes manifestaciones en Turquía fue inmediata la lectura sobre las “dos Turquías”, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de esas dos caras. Pero está a la vista de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia naturaleza del “otro Brasil”, un Brasil escurridizo a los análisis simplistas. Ese Brasil está compuesto por tres narrativas y temporalidades.
La primera es la narrativa de la exclusión social (es uno de los países más desiguales del mundo), las oligarquías terratenientes, el caciquismo violento, las elites políticas restringidas y racistas, una narrativa que se remonta a la época colonial y que se ha reproducido en formas siempre cambiantes hasta hoy. La segunda narrativa es la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, los presupuestos participativos en las políticas urbanas de cientos de municipios, la destitución del presidente Collor de Mello en 1992, la creación de los consejos de ciudadanos en las principales áreas de las políticas públicas, especialmente en salud y educación, en los diferentes niveles de acción estatal (municipal, estadual y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y se relaciona con las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula desde 2003 y que llevaron a una significativa reducción de la pobreza, la creación de una clase media con profunda inclinación consumista, el reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena, y las políticas de acción afirmativa y de ampliación del reconocimiento de los territorios de los quilombos (asentamientos afrobrasileños) y de los indígenas.
Desde que asumió Rousseff se ha producido una desaceleración o incluso un estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no hay vacío, el espacio que ellas fueron dejando comenzó a ser aprovechado por la primera y más antigua narrativa, que ganó vigor bajo el nuevo ropaje del desarrollo capitalista a toda costa y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes obras de infraestructura y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de una vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obsesionadas por su deseo. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de corresponderse con las expectativas de quienes se sentían merecedores de más y mejores condiciones. La calidad de la vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional que absorbieron las inversiones que debían mejorar el transporte, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentaron los asesinatos de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al desarrollo”, sólo porque luchan por sus tierras y sus modos de vivir contra los agronegocios y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la represa de Belo Monte, destinada a proporcionar energía barata a la industria extractiva).
La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de abierta hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico en comparación con su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los socios políticos más conservadores la agenda que consideró menos importante. Así fue como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homofóbico que promueve un proyecto legislativo conocido como “la cura gay”.
Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país el que ha despertado del adormecimiento, fue la presidenta quien despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma advirtió que las respuestas represivas sólo agudizan los conflictos y aíslan a los gobiernos. En el mismo sentido, los gobernantes de nueve ciudades capitales ya decidieron bajar el precio del transporte. Es sólo un comienzo. Para ser consistente, es necesario que las dos narrativas (la democracia participativa y la inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que alguna vez tuvieron. Si así fuera, Brasil le estará demostrando al mundo que sólo vale la pena pagar el precio del progreso profundizando la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo las diferencias culturales y políticas de aquellos para los que el progreso sin dignidad es retroceso.
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CAMBIOS RADICALES PIDE LA JUVENTUD EN BRASIL.
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Jueves 27 de junio del 2013.

Marco A. Gandásegui (h) (especial para ARGENPRESS.info)

El levantamiento de la juventud urbana brasileña sorprendió a los ideólogos del neoliberalismo y a los medios de comunicación que responden a sus intereses. Lo cierto es que nadie esperaba que en el Brasil actual ocurriera un movimiento social tan abarcador que movilizara a un millón de personas en protesta por las políticas impopulares del gobierno.

Como consecuencia, la presidente Dilma Rousseff se reunió con representantes de los jóvenes y aceptó la necesidad de efectuar un plebiscito para iniciar una reforma política. La reforma política tendría como objetivo erradicar la corrupción del sistema político y promover la democracia participativa. Sin embargo, la presidente no mencionó medidas para atender los males heredados del neoliberalismo. La reacción oficial en torno a la propuesta sobre la “tarifa cero” en el sector transporte y las reformas en el sector salud fue considerada insuficiente por los representantes de los jóvenes insurrectos.

Las movilizaciones demostraron que América latina no es la región donde puede campear el neoliberalismo sin oposición. Las políticas neoliberales han causado enorme daño y el despojo que empobrece a las comunidades del continente ha creado un fuerte resentimiento que no puede superarse con meras buenas intenciones. El descontento popular en el país suramericano tiene sus raíces en las tasas de desigualdad más altas del mundo.

Los medios no esperaban el estallido del descontento en Brasil porque durante diez años las cifras presentaban un cuadro idílico del país penta-campeón mundial de fútbol. Según el Banco Mundial y la ONU, en los últimos diez años “la pobreza se ha reducido y 30 millones de brasileños han ingresado a la clase media. Más del 50 por ciento de los brasileños forman parte de la clase media en comparación al 38 por ciento de hace una década”.

Los ‘expertos’ agregaban que “en los últimos cinco años el ingreso del 10 por ciento del sector más pobre ha subido. Simultáneamente, fueron creados 18 millones de puestos de trabajo. Aproximadamente, 11 millones de familias están inscritos en el programa estatal “Bolsa familia” El salario mínimo fue aumentado este año a 330 dólares al mes”.

Según estos informes que distorsionan la realidad, los brasileños no deberían estar protestando. Los neoliberales insisten en que deberían estar festejando. El problema es que las cifras del Banco Mundial y de la ONU no reflejan la realidad. Son meras máscaras que fueron denunciadas precisamente por Luiz Inácio “Lula” da Silva y el PT durante las últimas 2 décadas del siglo XX. Son los mismos números que manipulaba el expresidente Fernando H. Cardoso, quien fue derrotado por Lula en las elecciones de 2002.

Según varios observadores, la protesta desencadenada por el alza del transporte se combinó con la pésima situación de los servicios de salud pública, el sesgo clasista y racista del acceso a la educación, la corrupción gubernamental (que obligó a Dilma a destituir a varios ministros) y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes que ignoran las peticiones del pueblo: Mejorar la previsión social, impulsar la reforma agraria y atender los reclamos de los pueblos originarios ante la construcción de grandes represas.

Dilma tiene el poder para poner fin al descontento, pero dice que hay intereses oligárquicos que no la dejan gobernar. Si no actúa con energía puede poner en peligro su presidencia y al PT: Tiene que dar un giro para alejarse de las políticas neoliberales. El PT y su dirección tiene que cumplir con la promesa reiterada por Lula una y otra vez antes de llegar a la Presidencia: “Poner fin a la política neoliberal y de despojo”.

Primero, introducir políticas públicas que generen empleos formales, multipliquen la productividad de los trabajadores y capture las enormes ganancias que son transferidas al exterior por las empresas trasnacionales. Las subvenciones introducidas hace 10 años respondían a una política de emergencia y Lula lo convirtió en un programa permanente.

En segundo lugar, movilizar al país – juventud, mujeres, obreros, campesinos y capas medias – para erradicar la corrupción y consolidar los programas de salud, educación y vivienda, entre otros. El pueblo brasileño tiene muchos recursos internos y un mundo para conquistar. Está exportando anualmente cerca de 100 mil millones de dólares (minerales y productos agrícolas) sin mucho valor agregado que debe invertir en desarrollo ‘incluyente’.

La alianza interclasista pregonada por Lula durante sus campañas presidenciales no incluía a los rentistas y latifundistas campeones de las políticas neoliberales. Sin embargo, cogobernar con los neoliberales ha resultado ser desestabilizador y peligroso para Brasil. Esta política tiende a excluir a las mayorías que generan reacciones populares.

Según el sociólogo brasileño Emir Sader, lo más importante de la presente coyuntura es “la introducción del significado político de la juventud y sus condiciones concretas de vida y de expectativas en el Brasil del siglo XXI”. El planteamiento de Emir se proyecta con igual fuerza hacia el resto de la región latinoamericana.

Brasil tiene que transformar el boom de las exportaciones agro-mineras - ‘reprimarización’ - en una táctica temporal y no en una estrategia para el desarrollo. Aún no es tarde. Dilma tiene que asumir su papel. Tiene todo en sus manos. A los enemigos del pueblo brasileño, a los neoliberales, los puede derrotar en todos los campos. Sólo así puede iniciarse la construcción de la nueva sociedad que reivindica el PT.
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viernes, 28 de junio de 2013

URUGUAY: Un día de memoria y reclamos de justicia. Conmemoran el 40º Aniversario del golpe de Estado .....

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“Esta conmemoración es un nuevo pedido por el nunca más, la justicia y la memoria, y un recordatorio de que aún hoy en día se siguen viviendo secuelas de aquello”, dijo Baldemar Taroco, vicepresidente de la organización de ex presos políticos Crysol. “Cuarenta años, pero todavía hay huellas del terrorismo de Estado y aún se reclaman cosas que no se han restituido”, apuntó. Durante todo este mes han sido programadas numerosas conferencias y mesas redondas para analizar el golpe impulsado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, que suprimió las dos cámaras del Parlamento uruguayo y dio paso a la dictadura militar, con especial hincapié en el papel de los presos políticos y las víctimas. Por su parte, el Parlamento reunió a sus dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, en una sesión extraordinaria que se centró en debatir la disolución y la prohibición de los partidos políticos decretada el 27 de junio de 1973. Asimismo, la intendencia de Montevideo realizó un recorrido por los rincones de la capital en los que se produjeron acontecimientos relacionados con el golpe de Estado y el período dictatorial.
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El acto de conmemoración del golpe de Estado culminó en la puerta del Teatro Solís, en Montevideo.
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URUGUAY: Un día de memoria y reclamos de justicia.
Conmemoran el 40º Aniversario del golpe de Estado que iniciaba un oscuro periodo en su Historia.

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El acto principal consistió en una concentración y una marcha que recorrió la arteria principal de Montevideo en memoria de la huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el mismo día del golpe, el 27 de junio de 1973.

Página /12 viernes 28 de junio del 2013.

Uruguay conmemoró ayer el 40º aniversario del golpe de Estado que iniciaba un oscuro período de doce años (1973-1985). El acto principal consistió en una concentración y una marcha que recorrió la arteria principal de Montevideo en memoria de la huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el mismo día del golpe y que duró quince días. El acto culminó en la puerta del Teatro Solís, a escasos metros de la sede de la Presidencia uruguaya, donde se estrenó la serie de documentales Huellas. A 40 años del golpe, realizada por diversos cineastas uruguayos, de forma simultánea con otros auditorios de la ciudad.
La conmemoración contó con las intervenciones de un legislador por partido y fue acompañado por una numerosa presencia de dirigentes sociales, sindicales y representantes diplomáticos extranjeros en las tribunas, junto a los comandantes de las fuerzas armadas. Por la mañana, el presidente José Mujica y todo el gabinete como invitados conmemoraron la fecha en el Congreso nacional.
“Esta conmemoración es un nuevo pedido por el nunca más, la justicia y la memoria, y un recordatorio de que aún hoy en día se siguen viviendo secuelas de aquello”, dijo Baldemar Taroco, vicepresidente de la organización de ex presos políticos Crysol. “Cuarenta años, pero todavía hay huellas del terrorismo de Estado y aún se reclaman cosas que no se han restituido”, apuntó. Durante todo este mes han sido programadas numerosas conferencias y mesas redondas para analizar el golpe impulsado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, que suprimió las dos cámaras del Parlamento uruguayo y dio paso a la dictadura militar, con especial hincapié en el papel de los presos políticos y las víctimas.
Por su parte, el Parlamento reunió a sus dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, en una sesión extraordinaria que se centró en debatir la disolución y la prohibición de los partidos políticos decretada el 27 de junio de 1973. Asimismo, la intendencia de Montevideo realizó un recorrido por los rincones de la capital en los que se produjeron acontecimientos relacionados con el golpe de Estado y el período dictatorial.
También ayer la Televisión Nacional de Uruguay (TNU) lanzó un ciclo de documentales sobre el tema, un día después del reestreno de la obra teatral Antígona Oriental, protagonizada por ex presas políticas y que intercala el texto clásico de Sófocles con testimonios de víctimas de la dictadura y sus familiares.
Según la Comisión para la Paz creada para investigar aquel trágico período, la dictadura en Uruguay dejó 38 desaparecidos, aunque en Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos, en Chile ocho, en Paraguay dos y en Brasil, una. Aquel período significó un traumático paréntesis para la historia del país, uno de los que tiene una tradición democrática más arraigada de América latina.
Tras caer la dictadura, se celebraron unas elecciones democráticas que llevaron a la presidencia a Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).
Taroco anunció que existe un proyecto para que el 27 de junio sea declarado Día Nacional de la Memoria, no tanto para recordar la defensa de la democracia por parte de los sindicatos y los trabajadores como para homenajear a las víctimas. Para el activista, el actual gobierno uruguayo, pese a estar en manos del Frente Amplio, que gobierna desde 2005, no hizo todo lo posible por que las secuelas del terrorismo de Estado desaparezcan, como por ejemplo la impunidad.
Al concluir la dictadura, el Parlamento aprobó en 1989 la Ley de Caducidad, una especie de ley de amnistía para los que cometieron crímenes en aquella época que fue ratificada por la población en dos referéndum en 1989 y 2009. En la práctica esa norma dificulta el procesamiento de los violadores de derechos humanos de aquella época y aunque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la ha declarado inconstitucional en algunos casos, sigue siendo considerada un obstáculo para investigar el paradero de los desaparecidos.
El director de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, consideró que aunque no le gustó el fallo contra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, había que respetarlo. De todas maneras, explicó que el derecho es una herramienta para hacer política y señaló que se debería debatir si no es necesario una reforma constitucional sobre temas judiciales, que establezca un Tribunal Constitucional que sea el que decida sobre las inconstitucionalidades en lugar de la SCJ.
De hecho, la SCJ confirmó el martes la revocación de un fallo penal que había procesado en 2011 a dos militares por crímenes cometidos por el régimen dictatorial. La Justicia “desestima el recurso de casación interpuesto, no hace lugar al mismo y de esta forma deja firme la sentencia del tribunal”, que en 2012 absolvió a los militares retirados Walter Gulla y Enrique Rivero, declarados culpables en primera instancia del homicidio de Horacio Ramos, militante del movimiento guerrillero MLN-Tupamaros, quien fue encontrado sin vida por ahorcamiento en una cárcel en 1981.
Con esta resolución, fechada el 17 de junio, se mantiene la sentencia a la que se llegó en segunda instancia, luego de que los abogados defensores apelaran el fallo y tras una segunda reconstrucción del episodio que puso reparos a las pruebas. La sentencia causó un gran impacto entre los organismos de derechos humanos porque se conoció a un día de que se cumplan 40 años del golpe de Estado y a pocos meses de que la SCJ considerara inconstitucional una ley que declaraba imprescriptibles los delitos cometidos durante la última dictadura.

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jueves, 27 de junio de 2013

ESPAÑA: EL AGUA NEGOCIO PRIVADO. Impelidos por falta de recursos, los Municipios privatizan los servicios de abastecimiento.

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Hasta ahora que queda del Estado de Bienestar - o se privatiza, se hipoteca, se aplica la política fascista de la austeridad. El aire - el agua que es un derecho humano declarado por las NN.UU -. ya se privatizó y el derecho a respirar - porque también el deporte en general está en poder de las corporaciones. Queda flotando en el aire y se ofrecen explicaciones propias del entorno europeo o referencias a crisis anteriores, como las del petróleo o la de 1993. Todas ellas supusieron cambios pero también el mantenimiento en lo esencial de un modelo en el que el Estado jugaba un papel importante en la economía y la sociedad. Esos esquemas, sin embargo, no funcionan en el caso actual porque lo que hay no es un simple acomodo táctico ante la situación económicaEn España se impone un auténtico cambio de modelo con vocación de permanencia, lo que exige explorar otros casos que permitan entender lo que realmente se está haciendo en términos estratégicos con la excusa de la crisis. 

El que más se acomoda a la situación española es el del Chile posterior al golpe de Estado de 1973. Un país mal interpretado desde una España donde equívocamente se han equiparado las dictaduras de Franco y Pinochet, que solo tuvieron en común el uso de la represión. Fuera de eso nada hay que las asemeje porque una y otra establecieron modelos socio económicos radicalmente divergentes. Frente al estatismo corporativista y paternalista del franquismo, la dictadura chilena impuso un neoliberalismo radical inspirado en las doctrinas de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Un sistema implantado a sangre y fuego que se tradujo en la  capacidad de liderazgo colectivo. El desconocer ese hecho también ha impedido entender la diferencia entre las transiciones políticas en uno y otro caso. La paternalista ingenuidad de los analistas españoles o su obsesivo afán por convertir a España en pretendida referencia latinoamericana les ha llevado a prescindir del análisis profundo del modelo chileno, el mismo que hoy tiene una oportunidad histórica de enseñorearse en un país de tamaño considerable y realidades étnicas, raciales, políticas y sociales muy diferentes a las del laboratorio chileno.
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La crisis española. Crisis estructural. Hoy poli-crisis. aumentó el envejecimiento de la población, la población PIJO - hacia abajo los otrora millonarios y hacia arriba, los emergentes -el desempleo, la desigualdad económico social,  nuevas formas de pobreza y miseria y la sociedad en riesgo de crisis total.
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ESPAÑA: EL AGUA NEGOCIO PRIVADO.
Impelidos por falta de recursos, los Municipios privatizan los servicios de abastecimiento y depuración.

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Enric Llopis.

Rebelión jueves 27 de junio del 2013.

Sanidad, educación, dependencia…Y abastecimiento y depuración de agua en los municipios. No cesa la sangría de privatizaciones. En el caso del suministro de recursos hídricos, debido a unas arcas municipales cada vez más enjutas por la crisis. El secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell, ha criticado estos procesos en un acto organizado por la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública.

No es fácil escuchar en foros y debates públicos a las empresas privadas que gestionan el suministro de agua en ciudades y pueblos. Prefieren orientarse directamente al lucro. Optan a las concesiones que adjudican unos ayuntamientos asfixiados por la crisis y que deciden enajenar su patrimonio y poner en manos privadas los servicios públicos, como el abastecimiento y la depuración del agua. “Unos más, otros menos, todos los partidos políticos han incurrido en estas dinámicas”, puntualiza Jaime Morell. Por eso es en parte falso el debate público/privado. Habría que entrar, para resolver esta dicotomía, en el detalle de cómo se desarrolla la gestión pública: un estudio de la OCU (2011) sobre las tarifas del agua en 50 ciudades españolas concluye que el precio del agua no está directamente vinculado al carácter del gestor.

En el plano teórico, las empresas concesionarias (generalmente transnacionales) defienden la titularidad pública del servicio. Les basta con acceder a una concesión por 20 ó 25 años y, sobre todo, explica Morell, “que no existan controles por parte de la Administración, que es lo que ocurre en términos generales”. Las adjudicatarias pagan un canon al consistorio a cambio de gestionar este servicio. Y en la práctica, subraya el secretario general de AEOPAS, “terminan repercutiendo (tarde o temprano) en las tarifas el canon que han abonado a la Administración”. En otros casos –“los más crueles”, apunta Morell- incluso se da un modelo mixto público-privado por el cual la parte privada (minoritaria en el accionariado) se reserva “de facto” el derecho de gestión.

El ingreso del sector privado en la gestión del agua tiene consecuencias de todo tipo. Las pequeñas y medianas empresas de una localidad dedicadas a este negociado prácticamente desaparecen, dado que las multinacionales compran el material a sus filiales y a los proveedores que eligen en sus concursos. Aunque en un primer momento la multinacional concesionaria pueda garantizar el empleo, afirma Morell, con el tiempo se amortizan plazas y se reducen salarios. Siempre hay una buena razón: la consabida “eficiencia”.
Otro rasgo que subyace al modelo de gestión privada es la opacidad. Según Jaime Morell, “realizan balances generales donde se mezclan conceptos y finalmente resulta muy difícil que la Administración ejerza el control; no existe, de hecho, una fiscalización real, ni rendición de cuentas; tampoco estándares de calidad ni indicadores de gestión”. En Francia, explica el secretario general de AEOPAS, se ha caminado hacia una mejor regulación del servicio público de aguas, después que en 1996 fueran condenados a penas de prisión el alcalde de Grenoble y el director ejecutivo de la empresa Lyonnaise Des Eaux (hoy Suez) por el escándalo que acompañó a la privatización.

Además, un problema del paradigma privatizador es que en lugar de considerarse al ciudadano con derechos, se está pensando en un mero cliente. De ahí que, al igual que ocurre con el suministro eléctrico, se produzcan cortes por impagos. De este modo, acota Morell, “actúan las empresas privadas, pero también las públicas”. Asimismo, se dan bastantes casos en que las empresas incumplen los pliegos de condiciones de la concesión. Pero, una vez que entran a gestionar el servicio, “es muy difícil hacer frente a estas multinacionales, pues su fuerza es mucho mayor que la de las administraciones; tampoco los ayuntamientos tienen en ocasiones voluntad política de fiscalización”.

Pero lo cierto es que las compañías huelen a cadáver y se abaten sobre la pieza mayor, la gestión del agua. Por un lado, consistorios con las cuentas en enormes apuros. Por otro, lo que Morell califica como “precios políticos” del agua. Es decir, el precio de la tarifa del agua debería, en un modelo ideal, reflejar los costes de explotación, de amortización e inversiones, entre otros. Pero esto no ocurre, lo que da lugar a un “lastre en la gestión; y finalmente, a la necesidad de que alguna gran empresa con capital acuda en socorro de los consistorios”. El secretario general de AEOPAS aclara que no pide que la iniciativa privada desaparezca totalmente del modelo; “pero ocurre que está usurpando de modo creciente espacios de responsabilidad pública”.

Así las cosas, ¿qué posibilidades les quedan a aquellos que defienden un modelo de participación pública y transparencia? Jaime Morell se muestra esperanzado: “Nuestro discurso empieza a pesar en los responsables políticos. Ya no es tan fácil privatizar. En ocasiones han de realizar el proceso por la puerta trasera”. Se dan algunos casos en que las grandes empresas se empiezan a replantear el tradicional modelo de canon concesional. Tiene que ver, en todo ello, el auge de las “mareas” y luchas ciudadanas contra el proceso privatizador en diferentes ciudades del estado, como Jerez, Puerto de Santamaría o, en Madrid, contra la privatización del Canal de Isabel II. En el ámbito de la UE, sindicatos y organizaciones sociales desarrollan una Iniciativa Ciudadana para, mediante la recogida de firmas, instar a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa que incluya el derecho humano al abastecimiento y saneamiento.

Una de las alternativas que se plantea al modelo “externalizador” es la agrupación de municipios y el trabajo en mancomunidad. También por razones de economía de escala, y porque a las grandes compañías no les sale rentable llegar a los pequeños municipios. La empresa provincial de agua de la provincia de Huelva (GIAHSA) lleva dos décadas funcionando como mancomunidad municipal, pero el sistema ha hecho crisis cuando varios alcaldes han decidido salirse de la entidad con el fin de privatizar el servicio. Caso diferente es el de Aguas del Huesna, consorcio que se hace cargo del ciclo integral del agua en una veintena de municipios sevillanos, y que retornó a la gestión pública tras unos años con destacada participación de las constructoras, sobre todo ACS.

En el punto de mira, las grandes compañías que se reparten el botín. Las transnacionales francesas Veolia y Suez (accionista de Aguas de Barcelona y Aguas de Valencia), Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –a través de su filial Aqualia- y Acciona, que ha irrumpido con fuerza en el sector. En ocasiones se plantea como inevitable la entrada de estas compañías en la gestión del servicio público del agua, debido a su potente capacidad tecnológica. Pero lo cierto, apunta Jaime Morell, es que “mediante acuerdos entre municipios o mancomunando  servicios públicos, pueden realizarse en las inversiones y frenar la privatización.


Una de las grandes claves reside en que se haga público el estudio económico-financiero de la oferta y las condiciones del contrato (m3 de distribución, coste del personal, mantenimiento, porcentaje previsto de fugas, entre otros apartados). Es en ese documento donde puede comprobarse si realmente la empresa paga al municipio en proporción a los costes que tiene, a los servicios que ofrece y al volumen de negocio que va a manejar. Además, apunta el secretario general de AEOPAS, “si uno tiene en mano el expediente administrativo verá que a las empresas no les salen las cuentas nunca; por eso es tan importante disponer del documento, para constatar que cumplen con aquello a lo que se han comprometido”. De lo contrario, habría que reclamar por incumplimiento de contrato. Aunque, matiza Jaime Morell, “muchas veces la complicidades se encuentran dentro de los ayuntamientos”.


Como en tantos otros bienes de primera necesidad, por un lado cabalgan las grandes proclamas y, por otro, la severa realidad. En julio de 2010 Naciones Unidos aprobó una resolución que reconocía el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Recursos hídricos suficientes, salubres y asequibles para la población, pero también el acceso a la información por parte de los ciudadanos (por ejemplo, para saber qué porcentaje del agua finalmente se depura; o si se aplica el principio de recuperación de costes). Los estados han de incluir en su ordenamiento jurídico y sus constituciones los principios consagrados por Naciones Unidas. Pero muy pocos países lo han hecho. Tampoco el estado español. 
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miércoles, 26 de junio de 2013

BIOGRAFÍA. EL CHE. Hasta siempre Comandante. Homenaje a los 85 años de su nacimiento.

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Tras su retorno, termina la carrera de medicina y se gradúa en 1953 con una tesis sobre las alergias. Decide reencontrarse con Granado, quien se había quedado en Venezuela, pero antes pasa por Bolivia, atraído por la nueva experiencia del gobierno revolucionario de Paz Estensoro. En La Paz, conoce al abogado argentino Ricardo Rojo, posteriormente autor de una de sus biografías —Mi amigo el Che—, con quien llega, haciendo autostop, a Perú y a Ecuador, donde se enteran de la noticia de la reciente revolución guatemalteca.

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EL CHE. Hasta siempre Comandante.
Homenaje al Che, a los 85 años de su nacimiento.



José Miguel Jiménez.
¡Cuando un revolucionario muere,nunca muere!
Ernesto Guevara de la Serna, el Che, nació en 1928 en Rosario (Argentina). A los dos años, después de una grave enfermedad, se le diagnóstica una afección asmática que hace que su familia decida trasladarse a la provincia de Córdoba, donde transcurren su infancia y adolescencia. Tras el comienzo de la Guerra Civil Española, su padre, Ernesto Guevara Lynch, crea un comité de ayuda a los republicanos españoles que despierta sus inquietudes infantiles y le hace tomar contacto, por primera vez, con la realidad política y social. En 1947 se traslada con su familia a Buenos Aires. Habiendo sido declarado no apto para realizar el servicio militar, Guevara ingresa en la Facultad de Medicina y comienza a interesarse por la política, aunque no milita en ningún partido. Sus padres se separan y él permanece junto a su madre y sus tres hermanos en una vieja casona. Es en este mismo año cuando realiza su primera gran aventura: recorrer la Argentina en una bicicleta a la que añadió un pequeño motor, luego se alistará como tripulante en barcos de la flota mercante en viajes por la costa.
En 1951 emprende, junto a su amigo, el médico Alberto Granado, un viaje en motocicleta comenzando por el sur argentino y siguiendo viaje hacia el norte pasando por Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, desde donde viaja en avión a Miami —donde permanece un mes— para regresar finalmente a Buenos Aires. La experiencia, recogida en un cuaderno y publicada recientemente como Mi primer gran viaje, es el primer contacto directo de Guevara con la realidad social latinoamericana. El contacto con las condiciones extremas en que sobrevivían los mineros chilenos y su trabajo en la leprosería peruana de San Pablo, a orillas del Amazonas, fueron momentos cruciales para la formación de la sólida ideología revolucionaria que ya nunca lo abandonaría.

Tras su retorno, termina la carrera de medicina y se gradúa en 1953 con una tesis sobre las alergias. Decide reencontrarse con Granado, quien se había quedado en Venezuela, pero antes pasa por Bolivia, atraído por la nueva experiencia del gobierno revolucionario de Paz Estensoro. En La Paz, conoce al abogado argentino Ricardo Rojo, posteriormente autor de una de sus biografías —Mi amigo el Che—, con quien llega, haciendo autostop, a Perú y a Ecuador, donde se enteran de la noticia de la reciente revolución guatemalteca.

Luego de pasar por Nicaragua, hasta donde había llegado el Che por tierra, viajan a Costa Rica donde entra en contacto con dirigentes políticos como Rómulo Betancourt o Juan Bosch y conoce a los líderes del Movimiento 26 de Julio, sobrevivientes del asalto al Moncada y exiliados de Cuba. Será recién llegado a Guatemala, donde comparte la pensión con otros exiliados, cuando empieza a sentirse atraído por la situación social cubana, mientras profundiza su formación marxista. Cuando el golpista Castillo Armas invade Guatemala, Guevara solicita participar de la resistencia, pero se le niega el permiso. Trabaja en la defensa civil ayudando a las víctimas y haciendo transportes de armas. Tras caer el gobierno democrático del presidente Arbenz, el nuevo gobierno golpista de Castillo de Armas, apoyado por la United Fruit Company y el gobierno estadounidense contrarios a las reformas iniciadas por Arbenz, desata una represión feroz y el nombre del Che figura entre los condenados a muerte. Finalmente se salva gracias a la intervención del embajador argentino en Guatemala, Sánchez Toniuzo, que lo asila en la sede diplomática, pero el Che rechaza volver a Argentina y dos meses después obtiene un salvoconducto para viajar a México. En México gracias a su futura mujer, la exiliada peruana Hilda Gadea con quien había coincidido en Guatemala, conoce a Raúl Castro. Empieza a participar de las reuniones del «26 de Julio.  



En julio de 1955 llega a México Fidel Castro, liberado de la prisión de la Isla de Pinos, quien designa a Guevara como médico de la expedición que se propone formar, con el objetivo de regresar a la lucha revolucionaria en Cuba. En agosto de 1955 se casa con Hilda Gadea y el 15 de febrero de 1956 nace su primera hija, Hildita. Pese a las dificultades —se les confiscan las armas por orden del gobierno mexicano—, los preparativos y el entrenamiento, dirigido por un republicano español en el exilio, no cesan. La fecha de la invasión a Cuba queda fijada para el mes siguiente. Una delación que les cuesta casi dos meses de cárcel posterga la partida que finalmente tiene lugar el 25 de noviembre, un viaje de cinco días en el yate Granma que habría de coincidir con la huelga general dirigida por Frank País. El desembarco se retrasa y la huelga es finalmente aplastada. Finalmente se produce el desembarco de los ochenta y dos combatientes que forman la columna en la isla, sufriendo el grupo una derrota y Guevara recibe dos heridas de bala sin consecuencias. La primera victoria de los guerrilleros se produce el 17 de enero de 1957.

El New York Times envía a Herbert Matthews, quien, mediante su informe y un reportaje a Fidel Castro, gana la simpatía del público para el pequeño grupo enfrentado a un ejército muy superior en soldados y recursos. Las notas del periodista entusiasman al pueblo cubano, que colabora cada vez más con los insurgentes, mientras Guevara es ascendido por Castro a comandante. Conduce las victorias de El Hombrito y La Mesa y funda el primer periódico de la guerrilla, El cubano libre.


En 1958, Guevara instala en La Mesa una especie de cuartel general de información con transmisiones de radio (Radio Rebelde) de los partes de guerra y propaganda revolucionaria. La guerra continúa y las fuerzas insurgentes se consolidan. Guevara se pone al frente, junto a Camilo Cienfuegos, de la Columna Invasora Nº 8 y cruza la isla en un penoso viaje de más de seiscientos kilómetros. En diciembre conoce a Aleida March. Al llegar al Escambray unifica las distintas formaciones guerrilleras. Mientras tanto, Fidel avanza sobre Santiago de Cuba.

La unión de las diversas columnas permite al Che tomar la estratégica ciudad de Santa Clara, el 31 de diciembre de 1958. La acción, precipita la caída de la dictadura de Batista. Fidel Castro llega hasta el lugar y decreta la reforma agraria en la provincia. Finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista parte al exilio. El 5 del mismo mes es nombrado como Presidente el candidato revolucionario Manuel Urrutia Lleó y el 8 de enero, las fuerzas revolucionarias entran victoriosas en La Habana.


El Che se divorcia de Hilda Gadea y el 9 de junio de dicho año se casa con Aleida March, quien militaba en el Movimiento 26 de Julio, e inicia una serie de viajes. En la República Árabe Unida se entrevista con Nasser, quien lo proclama «gran libertador de los oprimidos», en la India se reúne con Nehru y en Belgrado con Tito. A su regreso a Cuba es designado presidente del Banco Central. En 1960, Guevara participa de las negociaciones con los soviéticos para el establecimiento de convenios comerciales entre rusos y cubanos. En octubre de este año, parte a Europa en una misión económica, para dirigirse luego a China, donde se entrevista con Mao Tsé Tung y firma con Nikita Kruschev el tratado de amistad cubano-soviético.

El 3 de enero de 1961, los Estados Unidos anuncian la ruptura de relaciones con el gobierno cubano. En febrero del mismo año, Guevara acepta ser Ministro de Industria y el 17 de abril se produce la invasión de Bahía Cochinos (Playa Girón), donde Fidel proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana. Ante la derrota yanqui, el Che dirá: «...es la primera derrota del imperialismo en América Latina y en escala mundial». Después de la invasión, viaja a Punta del Este, donde participa en la reunión del Consejo Económico y Social de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), en la cual interviene para presagiar el fracaso de la Alianza para el Progreso, política que impulsaba el gobierno demócrata de Kennedy. Mantiene reuniones secretas con el presidente argentino, Arturo Frondizi, y con el brasileño, Janio Quadros, quienes serían derrocados más tarde por golpes militares.

Su papel en el proceso de la Revolución Cubana es cada vez más importante y en 1962 compone, junto a Fidel y Raúl Castro, Osvaldo Dorticós, Blas Roca y Emilio Aragonés, la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas. En octubre de ese año se produce la llamada «crisis de los mísiles», cuando el gobierno estadounidense denuncia la presencia de armamento soviético en la isla. El conflicto termina con la retirada soviética, lo cual pone en solfa el alcance del apoyo de Nikita Kruschev al gobierno de Fidel Castro, a pesar de los zapatazos que el dirigente soviético propinó en una mesa de la O.N.U. En junio de 1963, Guevara llega a Argelia y en 1964 preside la delegación cubana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y viaja nuevamente a Argel, donde se entrevista con Ben Bella.


El año 1965 estará marcado por numerosos viajes a África, en especial al Congo y a Guinea, tratando de profundizar en la tendencia marxista-leninista, además de combinar la participación de guerrilleros cubanos en las fuerzas insurrectas en Angola. El 25 de febrero, el Che ataca duramente a la Unión Soviética en un discurso en Argel, por estar en total desacuerdo con su visión del socialismo: el Che propone crear un gran grupo compacto de naciones en proceso de liberación, asistiéndose mutuamente de forma gratuita, mientras que la U.R.S.S. rechaza la propuesta. Pero al volver a Cuba, el 15 de marzo, debe dar explicaciones y se reúne con Fidel Castro durante 48 horas; lo que hablaron nunca trascendió.

Esta conversación, sin embargo, parece que fue determinante para la aparición de la primera fisura en la revolución cubana: Guevara se retira de la arena política. Finalmente, en julio, Guevara aparece en el Congo, al frente de un grupo guerrillero cubano, para luchar contra el gobierno de Moisés Tshombé, que contaba con el apoyo belga y estadounidense. A la decepción que le produjo la guerrilla congoleña se suma la lectura pública, por parte de Castro, de tres cartas de despedida, una dirigida a Fidel, otra a sus padres y la restante a sus hijos. Esta decisión sorprendió y decepcionó al Che, al entender que —en la práctica—se le expulsaba de Cuba. La consecuencia inmediata en el Congo fue, como él cuenta en su diario, que sus compañeros vieran en él a un extranjero colaborando con los cubanos, a pesar de que un decreto del propio Gobierno cubano le había concedido dicha nacionalidad. A finales de noviembre, el Che y el resto de cubanos, salen del Congo, después de siete meses de una guerra absurda y ajena. En ese país, con el nuevo nombre de Zaire, toma el poder Mobutu.

El Che ya no quería volver a Cuba y en Dar es Salaam, en la embajada cubana, recupera energías y reflexiona sobre la experiencia congoleña. Fidel, con cierta culpabilidad y obligado, sin duda, por su enorme popularidad en la isla, le pide que vuelva. El Che viaja a Praga y permanece allí casi cuatro meses, también en clandestinidad. Y de esa misma condición y disfrazado, regresa a Cuba, para organizar el siguiente objetivo. En agosto de 1966 entra en Bolivia con una credencial de observador de la OEA, afeitado y calvo, luciendo gafas. Ahora es Ramón Benítez. Allí recorre el país conversando con los diversos grupos guerrilleros y comienza la acción sin el apoyo del Partido Comunista Boliviano. 

La experiencia es recogida en el Diario del Che en Bolivia. El 8 de octubre de 1967, tras ser herido en una pierna cae prisionero, en un lugar denominado quebrada del Churo, por una patrulla de rangers con mando norteamericano y posteriormente es asesinado, en la escuela de de La Higuera, según las órdenes del régimen boliviano, presionado —al parecer— por la C.I.A. Luego se exhibe su cuerpo a los periodistas y curiosos en un lavadero, antes de enterrarlo en un lugar que no fue descubierto hasta 1997; se le cortan las manos para que no pueda ser posteriormente identificado mediante las huellas dactilares.

Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, el apodo que recibiera de sus compañeros de guerrilla en la Sierra Maestra, entra en la historia para siempre y su imagen recorre el mundo como un símbolo de la libertad y de la lucha contra la opresión. Su inmortal imagen, retratada por el fotógrafo cubano Alberto Korda, se comercializa en camisetas, banderas y recuerdos en ferias y tiendas del mundo entero, pero este reduccionismo consumista no podrá ocultar a las nuevas generaciones la fuerza y el temple de un hombre que cambió la figura del revolucionario.

En la carta de despedida a sus padres, decía el Che: «Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante; vuelvo al camino con la adarga al brazo... Muchos me dirán aventurero, y lo soy; sólo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades...». Y sobre estas palabras el escritor Víctor Montoya, dice en su artículo «Che» : «Así te recordamos, comandante, con la estrella en la boina y el porvenir en la mirada».


Así le recordará la historia viva, la que no olvida, que seguirá cantando: ¡Hasta siempre, comandante...!

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